COMUNICADO PÚBLICO
ABOGADOS Y PARTES DEMANDANTES DEL JUICIO CRUCITAS
Nosotros, los abogados y las partes demandantes, directamente involucrados en el Juicio Contencioso Administrativo relacionado con el Proyecto Minero Crucitas, hacemos del conocimiento público lo siguiente:
Consideramos gravísimos los hechos que han sido noticia en relación con la filtración, a supuestas partes interesadas, del Proyecto de Sentencia de Casación de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, sobre el caso del Proyecto Minero Crucitas. Además, hoy conocemos que los señores y señoras Magistradas de dicha Sala están siendo recusados (objetados para que no participen en la sentencia) por parte de una persona aliada a las partes demandadas. Sabemos también que esa persona intentó bloquear el nombramiento en propiedad de al menos dos jueces del Tribunal Contencioso que participaron en la redacción del Fallo que detuvo al proyecto minero. Todos esos hechos atentan contra la dignidad e independencia de l
Lo aquí denunciado debe llenar de gran preocupación a toda la sociedad. Sabemos de los grandes intereses económicos y políticos que están detrás de ese proyecto minero, del poder político de las personas involucradas y del precio escandalosamente alto del oro en el mercado internacional, rozando la marca histórica de los 2000 dólares la onza (se pretendían extraer alrededor de un millón de onzas).os señores miembros del Poder Judicial, lo que debe garantizárseles a toda cosa, por el bien de la democracia costarricense.
Hoy se ha colocado en grave riesgo la decencia de la institucionalidad costarricense y la esencia misma del Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestra lucha ya no debe ser sólo por evitar los perjuicios para el país de un determinado proyecto minero y la defensa del apego a la legalidad. Esta lucha se convirtió ahora en la defensa frontal de toda nuestra institucionalidad pública, gravemente amenazada con este caso.
El juicio oral y público llevado a cabo en el Tribunal Contencioso Administrativo, que desembocó en la ya histórica sentencia que anuló la concesión minera a favor de Industrias Infinito en Crucitas de Cutris, San Carlos, fue un gran ejemplo de independencia del Poder Judicial. En dicho juicio, que duró aproximadamente dos meses, después de un amp
lio debate con abundante prueba aportada por todas las partes, los costarricenses pudimos conocer de primera mano la existencia de graves actos contrarios a la ley, llevados a cabo por políticos del más alto nivel, funcionarios públicos y personal de la empresa minera Industrias Infinito S.A. Lo anterior llevó a dicho Tribunal a considerar, en su sólida sentencia, que en los permisos otorgados a la empresa minera existía fraude de ley y que podría haber existido una “orquestación de voluntades” encaminada a lograr que el Proyecto Minero Crucitas entrara en funcionamiento de la manera que fuera. Un fallo histórico que devolvió la seguridad jurídica que este país tanto necesita.
Consideramos, sin lugar a dudas, que el objetivo de las maniobras denunciadas es alterar el balance y la integración de la Sala I y entorpecerle el dictado de su sentencia. Es nuestra opinión que todos estos hechos forman parte de una nueva campaña del miedo, orquestada con el único afán de intimidar y amedrentar a todos aquellos que puedan ser un obstáculo para la realización del proyecto minero. Esto se une a la serie de denuncias penales infundadas, interpuestas por Industrias Infinito contra expertos y activistas que se han pronunciado en contra del Proyecto Minero.
Nos parece que estas acciones también van encaminadas a desprestigiar a nuestro aparato jurisdiccional, de cara a un eventual litigio internacional relacionado con este proyecto minero.
Condenamos enérgicamente esas acciones arteras en contra de la dignidad de nuestro país y exigimos que se hagan las investigaciones de caso y se identifique y sancione al culpable o los culpables de estas maniobras.
Exigimos que salga a la luz pública el nombre de las partes interesadas y abogados que han tenido acceso al borrador del fallo, según lo ha comunicado la prensa nacional.
Finalmente, exigimos al Poder Judicial que respalde la actuación de los señores magistrados de la Sala I y se rechace de forma contundente cualquier intento de remover a esos funcionarios del conocimiento del caso Crucitas.
San José, 12 de noviembre 2011.
Alvaro Sagot Rodríguez Edgardo Araya Sibaja
Abogado Abogado
Bernal Gamboa Mora Jorge Arturo Lobo Segura
Abogado Demandante
Información de contacto
Edgardo Araya tel: 87049502 correo: evinicio@ice.co.cr
Alvaro Sagot tel: 88632887 correo: asagotr@racsa.co.cr
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La activista ecologista Ana Beatriz Hernández indica que: “La intromisión de influencias políticas y los intereses de la empresa dentro del orden jurisdiccional han llegado a un grado tal que se hace intolerable seguir permitiendo la permanencia de industrias infinito en nuestro país.”
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